El Consejo de Cámaras de Comercio considera restrictiva la dotación en inversiones del Gobierno

Los 27 y 15 kilómetros para la ejecución de autovías y líneas de Alta Velocidad, respectivamente, resultan testimoniales dejando sin apenas partidas a grandes ejes olvidados

El Consejo de Cámaras de Comercio, Industria y Servicios de Castilla y León considera insuficiente y escaso el esfuerzo inversor del Gobierno central con la Comunidad en el proyecto de Ley de Presupuestos Generales del Estado (PGE) para 2023, presentado ayer al Congreso de los Diputados para iniciar su tramitación parlamentaria, que registra una caída del 4,17% respecto a los del año anterior en los 955,8 M€ de dotación.

La entidad regional califica de “trascendente” la inversión en obra pública para una Comunidad cuya extensión necesita de grandes ejes viarios y ferroviarios como nudos vertebradores y de cohesión para la creación de puestos de trabajo. Pero, por encima de ello, la rentabilidad económica y social que generarán estas infraestructuras debe ser especialmente reconocida.

De los 162 M€ totales en ejes viarios, resultan “insignificantes” las partidas para A-60, A-15, A-12, A-73 y A-76. Los 102 M€ para la Autovía del Duero permitirán avanzar en 17 kilómetros mientras que el total de las partidas llegará a los 27 kilómetros, creando 486 empleos directos e indirectos si se ejecutan correctamente.

Por otro lado, las líneas de Alta Velocidad de Madrid-Galicia; Valladolid- Burgos- Vitoria y Palencia-Santander que reciben 132 M€ sólo permitirán avanzar en cerca de 15 kilómetros que fomentarán el empleo directo e indirecto de trescientas personas.

En ambos casos se vienen acumulando partidas testimoniales que no permiten que grandes ejes necesarios para la región avancen al ritmo deseado partiendo de la base de que las previsiones económicas realizadas por el Ejecutivo en el contexto macroeconómico no coinciden con otros organismos internacionales especializados.

Desde el Consejo de Cámaras se reconoce que los presupuestos Generales del Estado ante la incertidumbre empresarial, elevada inflación y costes energéticos, el conflicto bélico y volatilidad de los mercados deben ahondar en “la eficiencia de gasto público” donde la empresa debe ser el centro de la recuperación y una mayor presión fiscal perjudica seriamente su supervivencia. No podemos obviar que el incremento de cargas a las grandes empresas repercute también en la actividad de las pymes y en los empleos indirectos que las grandes generan, máxime con una deuda pública de más de 31.000M€ y un aumento del gasto social en más de 26.000M€ que no resultan acordes con los ingresos.