Expondrán esta decisión ante la Comisión Europea
Las Cámaras de Comercio de Castilla y León expresan su profunda preocupación y rechazo ante la decisión unilateral de Renfe de suprimir las paradas del tren de Alta Velocidad en Segovia, Medina del Campo y Puebla de Sanabria, con el argumento del interés común.
Se considera que esta medida perjudica gravemente el desarrollo económico y social de nuestras localidades y se expondrá esta situación ante la Comisión Europea.
Las estaciones afectadas han sido y deben seguir siendo nodos esenciales de comunicación, facilitando el acceso de ciudadanos, empresas, trabajadores y turistas a redes de transporte eficientes y competitivas. La eliminación de estas paradas supone una merma en la conectividad de nuestras ciudades, limitando las oportunidades comerciales y turísticas, afectando negativamente a nuestras empresas y reduciendo la movilidad de nuestros habitantes.
La repercusión de esta medida en el impacto empresarial y social radica en:
- Pérdida de competitividad empresarial: La conectividad ferroviaria es clave para el desarrollo de sectores como el comercio, la hostelería y el turismo. La supresión de estas paradas afectará a cientos de negocios locales que dependen del flujo de viajeros.
- Desplazamiento forzado de trabajadores: La eliminación de las paradas afectará a cientos de trabajadores que dependen del AVE para sus desplazamientos diarios. Muchos empleados que viven o se desplazan en otras ciudades podrían verse obligados a abandonar la localidad ante la falta de opciones de transporte adecuadas.
- Impacto en la calidad de vida: La reducción de opciones de transporte afecta directamente a la calidad de vida de los ciudadanos, limitando su acceso a oportunidades laborales y educativas, y aumentando la dependencia del transporte privado, con el consiguiente impacto ambiental y económico.
- Agravio comparativo respecto a otras regiones: Mientras otras Comunidades Autónomas han visto reforzada su red de Alta Velocidad, Castilla y León sufre una reducción de servicios que afecta directamente a su desarrollo. Esta medida supone una discriminación territorial que debe ser revisada en instancias europeas.
Ante los graves perjuicios que esta decisión conlleva, las Cámaras de Comercio trasladarán su malestar ante la Comisión Europea, ya que atenta contra los principios de cohesión territorial y equidad en el acceso a infraestructuras. Se solicitará una revisión y revocación de esta medida, asegurando que las políticas de transporte del país se alineen con los principios fundamentales de movilidad, desarrollo regional y sostenibilidad promovidos por la Unión Europea y se trabaje en una estrategia que refuerce la conectividad ferroviaria en nuestra región, contribuyendo al desarrollo y equilibrio de nuestro tejido productivo.
No en vano, la Comisión Europea y el Parlamento Europeo han establecido principios clave en sus políticas económicas y sociales que contradicen la decisión de Renfe, tales como:
- Cohesión territorial y equidad en el acceso a infraestructuras: La Unión Europea promueve la conectividad como un pilar fundamental para el desarrollo regional y la reducción de desigualdades.
- Fomento del empleo y movilidad laboral: Las políticas europeas destacan la importancia de garantizar el acceso a medios de transporte eficientes para facilitar la movilidad de los trabajadores y evitar la despoblación de zonas rurales.
- Sostenibilidad y transición ecológica: La UE impulsa el transporte ferroviario como una alternativa sostenible frente al uso del vehículo privado, contribuyendo a la reducción de emisiones y al cumplimiento de los objetivos climáticos.
- Inversión en infraestructuras estratégicas: El Semestre Europeo establece recomendaciones para que los Estados miembros prioricen la inversión en redes de transporte que favorezcan el crecimiento económico y la inclusión social.
Cabe recordar que Renfe ha planteado a las diputaciones y a la Junta de Castilla y León la posibilidad de cofinanciar estos servicios. Sin embargo, esta justificación resulta un despropósito, ya que la Alta Velocidad es un servicio de interés general que debe garantizarse con criterios de equidad territorial y cohesión social. La financiación de infraestructuras estratégicas debe responder a una planificación nacional y europea que asegure la accesibilidad para todos los ciudadanos.
La Alta Velocidad no debe ser un privilegio reservado para unos pocos, sino una herramienta de vertebración territorial y progreso. En este sentido, instamos a Renfe a reconsiderar esta decisión y a abrir un diálogo con los actores locales y empresariales para encontrar soluciones que garanticen una movilidad sostenible e inclusiva.
Las Cámaras de Comercio reafirmamos nuestro compromiso con el desarrollo económico de la Comunidad y con la defensa de los intereses de empresas y ciudadanos. No podemos permitir que decisiones unilaterales afecten a la competitividad de nuestro territorio ni al bienestar de nuestros habitantes.
